Superintendente De Educación: "La Ley de Inclusión se hace cargo del diagnóstico más triste: ser uno de los países con más segregación de la Ocde"
Pese a las críticas de algunos sostenedores, la autoridad remarcó que los colegios no pueden  impedir el derecho a la educación. Además, señaló que la superintendencia tendrá un rol más importante en la fiscalización, por lo que se fortalecerá la institución.
Flor Guzmán y Myriam Bustos 28 de febrero del 2016

A dos días de que comience a regir la Ley de Inclusión, apoderados y sostendores mantienen muchas interrogantes, especialmente luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Superintendencia del ramo anunciaran que los establecimientos no podrán suspender a los alumnos por no llevar útiles escolares o por no tener una adecuada presentación personal. Esto ha generado molestia entre algunos sostenedores, quienes argumentan que los reglamentos internos deben ser respetados. Sin embargo, la nueva normativa sí ha encontrado respaldo en los puntos que señalan que no se podrá discriminar por religión o por el estado civil de los apoderados de los estudiantes. 
A pesar de esto, algunos sostenedores han manifestado que la medida debería ser perfeccionada durante el año, y han llamado a los parlamentarios a cambiar ciertos puntos que han causado molestia.
En este contexto, el superintendente Alexis Ramírez conversó con La Tercera para despejar dudas sobre la nueva normativa. 
Se ha criticado la prohibición de suspender alumnos por presentación personal, argumentando que perjudicará la disciplina. ¿Cómo califica esta reacción?
La Ley de Inclusión refuerza la disciplina y la responsabilidad, que son valores esenciales para la formación integral y una buena convivencia escolar. Lo que se busca es conciliar el derecho a la educación y la no discriminación, con una disciplina que tenga a los alumnos al interior del aula y no fuera de ella. Si un estudiante, por ejemplo, se presenta sin uniforme porque sus padres no tienen los medios económicos para adquirirlo, obviamente el sentido común indica que éste no puede ser sancionado. Ahora, si lo hace porque simplemente no quiere acatar las normas comúnmente acordadas, los colegios pueden aplicar las medidas que están en el reglamento interno para modificar la conducta, siempre que éstas sean consistentes con el derecho a la educación, la seguridad de los estudiantes y el ordenamiento jurídico. Es decir, sin marginación del establecimiento. Porque ¿quién responde por la integridad física y psicológica de ese niño o niña si es devuelto a su casa y le pasa algo en el trayecto o si no tiene quién lo cuide en su hogar porque sus padres trabajan, como le sucede a la mayoría de las familias chilenas, así como el retraso académico que eso produce?
¿Cree que es necesario hacer modificaciones a la Ley de Inclusión, como plantean algunos sostenedores?
No veo necesidad de modificación. Lo que está haciendo esta ley es hacerse cargo de uno de los diagnósticos más tristes que tenemos en materia de educación: ser uno de los países con más segregación de la OCDE y del mundo. 
¿Qué medidas podrían tomar los colegios contra los alumnos que transgreden las normas de presentación personal?
Cada colegio es autónomo para tomar las medidas que estén contempladas en sus reglamentos internos, los que deben garantizar el derecho a la educación. Lo importante es no reducir la disciplina solo a la aplicación de sanciones, sino que en esta gama se puedan incluir también medidas formativas, porque el objetivo es aprender a vivir en comunidad. De hecho, muchos directores y sostenedores de establecimientos educacionales vienen hace años aplicando en los hechos estos principios, cosa que valoramos.
¿Cuándo se puede suspender, entonces, a un alumno?
Cuando se altera gravemente el proceso educativo y la convivencia al interior de la sala de clases ante situaciones complejas de indisciplina. 
¿Está de acuerdo con quienes dicen que la apariencia de los alumnos no influye en el rendimiento académico?
No conocemos evidencias a nivel nacional o internacional de la relación entre estos dos factores, por lo que la normativa deja esa decisión en manos de la escuela y de la familia. Son ellos los llamados a definir si quieren que el uniforme escolar sea obligatorio o no, y esa decisión debe ser respetada.
Hay sostenedores preocupados por esto, pues señalan que se vulnerarían los reglamentos aceptados por los padres...
Al revés. Nuestra normativa establece que todos los establecimientos tienen la obligación de contar con reglamentos internos, los que deben ser conocidos y respetados por la comunidad escolar. 
Usted ha dicho que esta ley garantizará el derecho a la educación, la no discriminación y que no se podrá exigir textos escolares adicionales a los del Mineduc. ¿Aumenta esto la necesidad de fiscalización?
Junto a las acciones de orientación e información a la comunidad que llevamos adelante con el Mineduc, sin duda esta ley implica para la Superintendencia una mayor responsabilidad en términos de fiscalización y de recepción de denuncias. Para responder a este desafío, este año iniciamos un proceso de fortalecimiento de nuestra capacidad instalada y de nuestros equipos.
Otro punto polémico de la Ley de Inclusión es la prohibición de cancelar matrículas por malas notas. ¿Cómo cambia esto el panorama de la educación?
Genera un cambio importante. Hay un fortalecimiento de las normas de la Ley General de Educación, para lograr igualdad de oportunidades y evitar la segregación. Esto significa que a partir del 1 de marzo ningún establecimiento municipal, particular subvencionado o particular pagado, podrá cancelar la matrícula o expulsar a un alumno por rendimiento escolar ni por exigencia de notas superiores a las establecidas para la promoción de curso.
La ley enfatiza que los padres deben conocer el proyecto educativo de un colegio al matricular a un alumno. ¿Aumenta con eso su responsabilidad? 
Es muy importante, tal como señala la Ley de Inclusión, que las familias asuman una alta responsabilidad al momento de elegir un proyecto educativo, porque la matrícula significa la adhesión a ese proyecto y a las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno. De ahí la importancia que los padres y apoderados consideren las características de sus hijos, así como los valores y principios que les son relevantes, junto a la oferta de estos proyectos, para lograr una armonía, y a partir de eso tener un rol activo y participativo. Aquí es fundamental construir una sólida alianza entre la familia y la escuela, para evitar situaciones que perjudiquen el proceso educativo del niño. Y que el establecimiento le entregue el reglamento y el proyecto educativo a cada familia, para su conocimiento.
¿Cómo se asegurará la Superintendencia de que efectivamente se termine con la discriminación en el sistema?
Terminar con la discriminación supone un cambio cultural y un desafío no sólo normativo, sino que formativo, en el que debemos participar las instituciones y todos los integrantes de la comunidad escolar. La ley es un marco de mayor protección, pero la responsabilidad es de todos.
¿Cuál cree que es el rol de los colegios y profesores en el marco de esta nueva normativa?
Tienen un rol esencial e insustituible en la formación integral de los estudiantes. En ese contexto, son agentes de cambio y garantes del derecho a la educación, para prevenir prácticas discriminatorias y formar en una cultura de respeto y aceptación de la diversidad entre todos los miembros de la comunidad escolar.
¿Cree que proyectos como el de Carrera Docente y Nueva Educación Pública ayudan a complementar la Ley de Inclusión? 
Cada uno de estos proyectos tiene un objetivo específico que en el fondo apunta a mejorar la calidad de la educación en Chile. Por un lado, se busca contar con profesionales de la educación con mayores capacidades y mejores condiciones para desarrollar su función, por ejemplo con más horas para su trabajo fuera del aula y,  por otro, generar un nuevo marco para la educación pública, que permita entregar una educación de calidad.
La Ley de Inclusión ¿aumenta la responsabilidad de los estudiantes, al asegurar su derecho a la educación e impedir que se les prive de su acceso al aula? 
Sin duda. La garantía de derechos conlleva para los estudiantes responsabilidades en disciplina, rendimiento académico y respeto a sus compañeros y docentes en un contexto de mayor diversidad. Deben cuidar el espacio de la escuela, porque está diseñado para ellos y para su desarrollo integral.